Un análisis de Istat calculó cuánto vale la economía «no observada» en Italia, es decir, ese conjunto de ocultos e ilegales (drogas, prostitución y contrabando de cigarrillos) que suma 211 mil millones de euros, con una incidencia al 11,9% del Producto Interno Bruto. Las cifras actualizadas a 2018 muestran una ligera caída (-3 mil millones) en comparación con el año anterior, «confirmando la tendencia a la baja en la incidencia sobre el PIB después de la subida de 2014», cuando la economía gris representaba el 14% de la riqueza nacional. Hay poco que celebrar, si se echa un vistazo al informe. En el trabajo, por ejemplo, hay 3 millones y 652 mil trabajadores irregulares, 48 mil unidades menos que en 2017.
Y también la reducción del valor global es en realidad una síntesis de dos dinámicas diferentes: la economía sumergida – que básicamente suma la subdeclaración de valor agregado (comunicaciones deliberadamente incorrectas sobre facturación y costes) y trabajo irregular, además de otras categorías menores – desciende a 191,8 mil millones, mientras que las actividades ilegales aumentan por encima del umbral de 19 mil millones, manteniendo la incidencia sobre el PIB al 1,1%. En cuanto a la economía no observada, explica el Instituto en su informe, “en 2018 la caída fue del 1,3% respecto al año anterior y en contraste con la tendencia del valor agregado, que creció al 2,2%. Esta tendencia se debe a la reducción del valor agregado oculto por subdeclaración (-2,9 mil millones en 2017) y por el uso de insumos de trabajo irregulares (-1,7 mil millones), mientras que los otros componentes residuales están aumentando (+1,4 mil millones).
La economía ilegal marcó un incremento limitado en valor absoluto, con una incidencia que se quedó al 1,1%. En comparación con 2017, hay una ligera variación en el peso relativo de los diferentes componentes de la economía no observada: a una reducción de las proporciones atribuibles a la subdeclaración (de 46% a 45,3%) y al uso de insumos de trabajo irregulares (de 37,5% a 37,2%, las unidades eran 3,652 millones), hace frente un aumento de las atribuibles a los demás componentes del oculto (de 7,6% a 8,3%) y a la economía ilegal (de 8,8% a 9,1%). Hay pequeños signos de mejoría en la esfera laboral, con una reducción de los irregulares tanto en términos absolutos como respecto al total de trabajadores.
El informe dice que en 2018 había 3 millones y 652 mil unidades de trabajo a jornada completa (UTA) en condiciones no regulares, principalmente ocupadas como empleados (2 millones y 656 mil unidades). La reducción del componente no regular (-1,3% en comparación con 2017) indica una reducción de un fenómeno que, en cambio, se había extendido en 2017 (+0,7% en comparación con 2016). La tasa de irregularidad, calculada como la incidencia porcentual de las UTA no regulares sobre el total, ha caído en el último año hasta el 15,1%, tras el 15,5% registrado en los dos últimos años. La caída de la tasa de irregularidades se debe al efecto conjunto de la dinámica negativa del trabajo irregular y al incremento del insumo de trabajo regular, atribuible al componente de los empleados (+1,8%). Se confirma que la tasa de irregularidad es mayor entre los empleados que entre los autónomos (respectivamente 15,5% y 14,2%).
En el período 2015-2018, el trabajo no regular presenta una dinámica opuesta a la que caracteriza al trabajo regular: los trabajadores irregulares bajan aproximadamente de 47 mil unidades (-1,3%), mientras que los trabajadores regulares aumentan de 723 mil unidades (+3,7%), originando una caída de la tasa de irregularidades de 15,8% en 2015 a 15,1% en 2018. La ilegalidad, en cambio, crece y representa el 1,1% del PIB. La subdeclaración de valor agregado y el trabajo ilegal representan casi 192 mil millones, mientras que las actividades ilegales (drogas, prostitución, contrabando) representan 19 mil millones. El trabajo no declarado, que afecta a 3,6 millones de personas, se ha reducido un poco. “Respecto a 2017, hubo un incremento del 1,8%, equivalente a 342 millones de euros, menos significativo que el de los dos años anteriores, cuando la economía ilegal había aumentado más de 800 millones al año. El consumo final de bienes y servicios ilegales crece a 21.600 millones de euros (correspondientes al 2,0% del valor total del gasto en consumos finales) y sigue subiendo.